GABRIEL GARCÍA
Tras varios meses enzarzados por el reparto de los sillones ministeriales, y tras el fracaso electoral que ha significado el traslado de los restos mortales del general Franco del Valle de los Caídos al Panteón de Mingorrubio, socialistas y podemitas han anunciado un preacuerdo de Gobierno “en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea” y que “que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa” . Teniendo en cuenta que la mejor tradición europea ha estado representada en el catolicismo que tanto odian los integrantes de la probable coalición progre, la introducción a los puntos sobre los que regirían el futuro Gobierno no pasa de ser una buena declaración de intenciones en la línea de lo que su electorado desea oír; a la hora de la verdad, el contenido de las propuestas no pasa de ser un brindis al sol en las cuestiones sociales y un reforzamiento adoctrinador en materia de ideología de género.
El primer punto propone: “Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad”. No hace mucho, el mismo Partido Socialista que llama a combatir la precariedad anunciaba que no derogaría la última reforma laboral del Partido Popular apelando al vacío legal en que nos encontraríamos de producirse esa situación . Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez y sus ahora subordinados arremetieron con tanto rechazo contra esa misma reforma laboral y anunciaron, estando en la oposición, que lo primero que harían sería derogarla? Es una buena pregunta que deberían hacerse quienes les han votado. Por otra parte, incluso los partidarios de la última reforma laboral y los ultras neoliberales de Vox plantean en sus programas la necesidad de que los españoles tengan trabajos dignos, estables y de calidad, con la diferencia de que entienden que sólo se obtendrá eso con la menor intervención estatal posible. Además, ninguna formación política que se presentara a las elecciones o aspirase a formar parte de un Gobierno defendería como algo positivo la creación de empleos temporales, precarios y en condiciones penosas.
El segundo punto del preacuerdo tiene más contenido: “Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación —incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años—, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas”. Llama a luchar contra la corrupción el mismo partido que ha protagonizado el Caso Filesa y los ERE de Andalucía, entre otros escándalos; llama a la regeneración el mismo partido que ha ostentado el poder de manera absoluta tanto en el Gobierno estatal como en diversos feudos autonómicos. Si en España existe en grave problema de nepotismo, es evidente que el Partido Socialista Obrero Español tiene una gran responsabilidad en esta cuestión. Tal vez, si de verdad se hubieran preocupado de los españoles, hoy no sería necesario hablar sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones o la necesidad de garantizar la vivienda como un derecho; ni tendríamos tanto joven cualificado emigrado al extranjero, ni tanto joven sin porvenir adicto a las apuestas.
El tercer punto parece un guiño a la izquierda progre del entorno de Unidas Podemos y Más País: “Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales”. Pero no concreta nada. ¿Va a promover el Partido Socialista la abolición de la tauromaquia? Está claro que, en muchos pueblos, los candidatos socialistas no podrían pisar la calle si osaran proponerlo; ahí está lo sucedido con el alcalde socialista de Tordesillas , que se opuso al guiño electoralista de Pedro Sánchez, conocedor de a qué poltrona afectaría semejante medida en el pueblo. Por lo demás, ningún partido cuyos dirigentes estuvieran en su sano juicio propondrían a sus votantes que es positivo contaminar más y destruir el planeta.
En el cuarto punto la mayor innovación parece la inclusión del lenguaje políticamente que pretenden imponernos: “Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital”. ¿Qué partido parlamentario se ha posicionado en contra de ayudar a las PYMEs y a los trabajadores autónomos? ¡Ninguno! También en el bloque de la derecha neoliberal se plantea esa medida. No pasaría de ser otro brindis al sol si no supiéramos que la desindustrialización de España fue algo promovido por el Partido Socialista a petición de una Unión Europea que contemplaba nuestro país, única y exclusivamente, como un destino turístico; que ese mismo partido ahora venga a decir que trabajará por la reindustrialización es una tomadura de pelo a los españoles y un insulto a la inteligencia, sobre todo cuando la industrialización ha sido trasladada hace tiempo a los países del Tercer Mundo por lo barato que supone fabricar allí en contraste con la Europa de los Estados del Bienestar, reservándonos a los occidentales el papel de consumidores de esos productos. Lo mismo podemos decir sobre el sector primario: cuando la Unión Europea ordenó sacrificar cabezas de ganado y destruir cultivos, ¿qué hizo el Partido Socialista sino obedecer la orden de sus amos de Bruselas? Estas medidas sin duda contribuyeron a la ruina y a la despoblación de lo que ahora se ha venido a llamar España vaciada, algo sobre lo que contemplan trabajar en el octavo punto del preacuerdo: “Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada”. Aunque el mismo Partido Socialista que ha promovido legislaciones abortistas y antinatalistas que, sin duda, han contribuido a la despoblación no ofrecerá más soluciones al problema que importar la población de países del Tercer Mundo; pero eso, aunque tenga su público a favor, indignaría a muchos de sus votantes y no se puede decir abiertamente, aunque un partido neoliberal como Ciudadanos haya manifestado compartir esa postura.
El quinto punto es tal vez en el que más medidas concretas ofrecen: “Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad”. Eutanasia, propaganda homosexualista, memoria histórica… Nada que no promocionen ya y que no puedan seguir promocionando en el futuro, sobre todo cuando es más fácil adoctrinar a la población en el ideario progre que afrontar el desafío del desempleo estructural inherente al modelo económico capitalista. Lo mismo podemos decir sobre el sexto punto: “Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida”. Lo primero significa más subvenciones para el lobby de los Premios Goya; lo segundo, algo que manifestaría cualquiera con dos dedos de frente, ¿o acaso algún partido político rechaza el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida?
El séptimo punto no aporta nada nuevo: “Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral”. El futuro Gobierno progre haría hincapié en ese falso discurso sobre las mujeres oprimidas por el patriarcado que no pueden realizarse plenamente y, además, cobran menos que los hombres desempeñando el mismo trabajo; ni una palabra sobre las nefastas condiciones laborales que afectan a hombres y mujeres por igual. Por otra parte, ningún partido político está a favor de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual pero los integrantes de la coalición progre denuncian como discurso de odio a todo aquel que osa cuestionar su política buenista de fronteras abiertas que, entre otras consecuencias, acarrea facilidades para las mafias de explotación de seres humanos. Del mismo modo, plantean una Ley de igualdad laboral como si la actual Constitución y el Estatuto de los Trabajadores no tuvieran establecido que no cabe en nuestra legislación ninguna discriminación por razón de sexo, salvo, eso sí, las discriminaciones eufemísticamente denominadas como positivas que ellos justifican; esa ley, en caso de promulgarse, no sería más que otra pose ante las cámaras y el correspondiente sacar pecho ante la legión de seguidores en Twitter.
El noveno punto toca uno de los temas más importantes y polémicos de la última década: “Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles”. Diálogo con quienes agreden a los que defienden la unidad de España, fortalecimiento del Estado de las Autonomías que ha dado medios a los secesionistas para adoctrinar a la juventud e imponer su discurso, garantía de una igualdad que no ha existido en cuarenta años… ¿A quién cree engañar el futuro Gobierno? Sin duda, a sus votantes. La deriva del país dice todo lo contrario a sus buenistas intenciones.
Por último, el décimo punto también se limita a una escueta declaración de intenciones: “Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales”. ¿Qué políticas fiscales y cuáles serán esos nuevos derechos impulsados bajo la tutela de la Unión Europea? ¿Qué privilegios fiscales eliminará el posible Gobierno? Necesitando el apoyo del Partido Nacionalista Vasco y quién sabe si la abstención y los votos favorables de Bildu, parece improbable que les hagan renunciar a los impuestos recaudados por las haciendas forales . Lo mismo podríamos afirmar respecto a los partidos regionalistas y secesionistas cuyo apoyo pretende el posible Gobierno, ya que su aspiración es a mantener y aumentar los respectivos privilegios de sus territorios y no a ceder en limitarlos o hacerlos desaparecer.
El preacuerdo, por lo tanto, sólo puede entusiasmar a los acólitos que votaron al Partido Socialista y a Unidas Podemos en las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre. Quienes sabemos que los programas electorales de los grandes partidos no pasan de ser una buena declaración de intenciones, y una repetición constante de frases hechas y tópicos, por no hablar de que conocemos los antecedentes históricos que nos han traído hasta el presente, no tenemos motivos para ser optimistas con la posible coalición de gobierno progre. Del mismo modo, tampoco habríamos sido optimistas respecto a una alianza gubernamental entre las diferentes facciones neoliberales. Cuando se tiene claro que el enemigo es el Sistema demoliberal y capitalista, de nada sirve escudarse en ninguna de las dos caras de su moneda como mal menor.
