Autor: Gabriel García
Andan los mamporreros del supremacismo moral progre con la piel más fina que nunca. Ahora les molesta que haya debates que ellos dieron por cerrados, como si el posicionamiento de quienes no comparten sus postulados no existiera, que nuevamente vuelvan a estar en el punto de mira de la opinión pública. Con razón se han sumado con tanto entusiasmo a la nueva reapertura del debate sobre la eutanasia, lo que eufemísticamente denominan muerte digna. Los hay que no iban a desaprovechar una nueva oportunidad de demostrar su hipocresía, llamando a legitimar la muerte de quien no puede defenderse al tiempo que reclaman una mejora de la Ley de Dependencia. Suele ser habitual que los apologistas de la eutanasia planteen casos extremos para justificar sus postulados, del mismo modo que los abortistas aluden a violaciones. Al final estos casos extremos terminan abriéndose a más causalidades teniendo en cuenta que la muerte puede ser un negocio, como demuestran las clínicas abortistas repartidas por todo el mundo en nombre de los derechos humanos y la libertad de las mujeres.
La Sexta no es una cadena televisiva que valga la pena visionar, aunque por otra parte sea un ejemplo representativo de cómo la unión entre la izquierda posmoderna y un grupo de poder mediático es una realidad. Esto no quita para recibir información de sus programas por otras vías, como son los portales de noticias. Y con el caso de María José Carrasco están cruzando varias líneas rojas, apelando para ello a la empatía de los pocos espectadores poco o nada informados. ¿Cuántos sabrán que, de ser cierto que los periodistas de El Intermedio estuvieron presentes durante las últimas horas de vida de la señora, eso les convierte en cómplices de un homicidio, ya que el deber de toda persona es evitar la comisión de un delito por parte de otro, y en este caso fue el marido quien obró para terminar con la vida de su mujer? ¿Acaso no existe un código de ética profesional para los periodistas que censure determinados contenidos con tal de generar expectación e ingresos para su empresa?
La eutanasia no es un debate nuevo, pero puede abrir las puertas al maltusianismo más repugnante en caso de implantarse a nivel nacional. Imaginemos que se concede autorización a los médicos para retirar a un paciente cuya situación, además de muy complicada o irreversible, resulta muy costosa de asumir económicamente para la Administración. Teniendo en cuenta los recortes sufridos por la Sanidad Pública y el elevado envejecimiento de la población española, en el presente y de aquí a veinte años, ¿no estaría el Estado gozando de un comodín para deshacerse de una población envejecida justo cuando el sistema público de pensiones ofrece más dudas que nunca en cuanto a su viabilidad? En un Estado que considera a sus ciudadanos nada más que contribuyentes y votantes, la distopía Un mundo feliz de Aldous Huxley se haría realidad ante nuestros ojos y, al igual que en la novela, con el apoyo entusiasta de los sometidos, esclavos sin necesidad de portar cadenas y grilletes.
No se puede impedir a una persona dar fin a su vida si así lo desea. El problema de la eutanasia es que no es la propia persona quien así obra, sino otro en quien se delega la responsabilidad. Y que una persona acabe con la vida de otra tiene un nombre: asesinato. Da igual que la decisión sea aplicada por un familiar o por un profesional. En el momento en que la persona que desea acabar con su propia vida no tiene un control absoluto de la situación, no estamos ante un suicidio obrado como acto personalísimo y del cual sólo se pudieran plantear explicaciones sobre el afectado. Hay situaciones muy complicadas de vivir, sin duda, y no se puede pretender que las personas afectadas sufran solas. Pero la solución no debería estar en retirar a nadie como si fuera un vehículo siniestrado. Y mucho menos cuando todo este buenismo no se promueve para dignificar a las personas, sino para desmantelar con disimulo el cada vez más escaso Estado del Bienestar.
