JAVIER GINER
Aun cuando el tema es más amplio y complejo de lo que parece, os dejo un extracto de un proyecto que, evidentemente, es mucho mayor de lo que se pueda ver aquí. Un tema que lleva candente desde hace años, muchos años, y en el que hay que volcarse (y en el que estoy volcado), a fin de llevar a cabo la concreción de, no sólo qué ha sido, qué es y qué será la Administración Pública y de Justicia, en general sino, también, el cómo estructurarla, de manera flexible y que sin perder la seguridad jurídica, ofrezca al ciudadano una verdadera Administración, que es para lo que fue creada y para lo que debe pervivir: Un Servicio Público al servicio de la sociedad, desde una nueva óptica, más lógica, más justa, más equitativa.
Por lo que más adelante, iré completando dicho proyecto, aunque esta pequeña parte la pongo en vuestro conocimiento no sólo como información, sino también como base de discusión. Porque no es un proyecto cerrado ni debe ser opaco.
Por una nueva estructura administrativa y judicial. Una nueva Administración Pública y de Justicia, y una estructura estatal eficaz, libre e independiente:
Considero debe haber una única Administración Pública y otra Administración de Justicia, de titularidad estatal (que no estatalizada ni centralizada) con delegación de funciones y responsabilidades. Con los suficientes medios materiales, humanos y técnicos (p.e. conexión informática de toda la Administración, cosa que sólo está en una parte), una nueva estructura administrativa y organizativa que tenga como base al funcionariado (supresión de los puestos de libre designación) y que sean estos por méritos propios quienes los ocupen. Eso supondría un cambio radical en dicho ámbito, que redundaría en rapidez, agilidad y ahorro. Gestionada y dirigida por profesionales (funcionarios) que lo serán en base a dos pilares: Conocimientos y Experiencia. En definitiva, sería una profunda reestructuración administrativa y estatal para una mejora del Estado. Considero, por tanto, estudiar con independencia y libertad la supresión del Senado y, en su caso, de las Autonomías y, al mismo tiempo, estudiar pormenorizadamente la posibilidad del traspaso de esas funciones a otros entes como puedan ser los ayuntamientos y mancomunidades de municipios que son, al fin y al cabo, los más directos conocedores de la problemática y de los servicios que prestan a los ciudadanos y encomendándoles dicha gestión, que, verdaderamente, sirvan a la sociedad. Como base, hay que evitar duplicidades, conocer los problemas, gestionarlos libre e independientemente por profesionales. En fin, es una cuestión muy larga y compleja para discutirla por aquí. ¿Es posible y necesario?
Igualmente, habría que crear un Consejo Administrativo (para la Administración Pública), formada no por políticos o de libre designación (o, al menos, una parte mínima sólo), de la que formarían parte funcionarios del ámbito público, de cada uno de los sectores del mismo. Órgano que debería tener unas funciones que, actualmente, estarían dispersas entre los actuales Ministerios y que, al mismo tiempo, debería tener los medios materiales, humanos y económicos para no sólo asumir dichas funciones y responsabilidades, sino además llevarlas a cabo.
Y, respecto a la Administración de Justicia, que el Consejo general del Poder Judicial (C.G.P.J.), asuma las funciones y responsabilidades del Ministerio de Justicia en lo referente a la Justicia y, al mismo tiempo, sea también formado por todos los funcionarios de dicho ámbito.
Ambos Consejos, deberían ser reformados para que asumiesen dichas funciones, responsabilidades y competencias y fuesen conformados por verdaderos profesionales, libres e independientes. Quienes rendirían cuentas en la forma y en el tiempo que se estipulasen, ante el Parlamento, quien debería vigilar el funcionamiento de los mismos. Al mismo tiempo, se debería estipular los medios económicos que, ambos Consejos, han de tener, conforme a una legislación objetiva e independiente, rindiendo cuenta de ello, también en la forma y tiempo que se estipule.
Resumiendo: hay funciones que deben asumir los ayuntamientos; otras las asumirían las mancomunidades de municipios; y las demás, se devolverían al Estado. Se evitan duplicidades y gastos de tiempo y dinero. Por otra, se gestionarían las cuestiones por los más cercanos a los problemas, y se ganaría tiempo y se ahorrarían esfuerzo y dinero. Por lo que cabría preguntarse: ¿qué pasaría con las comunidades autónomas y provincias? Seguramente, a la larga o desaparecerían o quedarían como un mero «resorte» administrativo gestionado por unos pocos funcionarios cualificados e independientes.
Lo escrito hasta ahora, aunque parezca un cambio radical en la estructura estatal (que lo es, pero no hay que tener miedo a ello), hay que afrontarlo con la mente abierta, conociendo los problemas que tiene la Administración y, por tanto, dando soluciones claras, serias y flexibles. ¿Que hay que pulirlo y concretarlo? Evidentemente ¿Que hay que discutirlo? Evidentemente. Pero hay que sentarse a estudiarlo, conocer los problemas, proponer soluciones, reorganizar y reestructurar una Administración desde la base de ser un Servicio Público destinado al ciudadano, a la sociedad. De una forma seria y responsable y con conocimiento de causa. Ya que quienes se ponen a ello, poco o nada saben del tema, no son imparciales y hasta pueden tener intereses ajenos.
Porque España es más, mucho más, que una mera unidad territorial. Porque no basta con pedir y conseguir la supresión de las Autonomías. Porque no basta con solo criticar el mal funcionamiento de lo público.
Porque hay que acabar con la dicotomía de la discusión respecto a lo privado versus público como algo en el que, se “entiende”, están en contradicción ambas esferas. Porque hay que acabar con la dicotomía Estado neoliberal versus Estado neocomunista. Y acabar con la suposición de que la gestión privada es mejor que la pública y, por tanto, de que no hay otra forma de gestionar el sector público. Porque, al igual que, al ir a un hospital, uno quiera ser atendido por profesionales de la salud y que la Educación sea atendida por profesionales y que en ninguno de ambos ámbitos lo sea por “personas puestas a dedo”, por lo dicho, la Administración ha de ser gestionada por profesionales. Porque todos queremos, vayamos donde vayamos, que nos atiendan personas conocedoras del servicio que prestan.
Otra Administración es posible: desde dentro, que sea libre, independiente y bien gestionada por profesionales de cara a la sociedad en general y al ciudadano en particular.
