Teruel Existe y el Estado de las Autonomías

GABRIEL GARCÍA

A pocos días del aniversario de la Carta Magna, no viene mal recordar los siguientes artículos y apartados:
Artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.
Artículo 138: “1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.
Artículo 141: “1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”.
Artículo 148: “1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
(…)
3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
(…)
10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales”.

La apertura de una nueva legislatura parlamentaria viene precedida en esta ocasión por las denuncias sobre la situación de la España vaciada. Un caso especialmente llamativo es la denuncia sobre el transporte ferroviario en Extremadura, donde han gobernado los socialistas casi ininterrumpidamente durante los últimos cuarenta años. No es de extrañar, pues, que un partido como Teruel Existe haya obtenido un escaño; a la vista de cuáles han sido las preocupaciones reales de los partidos mayoritarios, no es de extrañar que los votantes hayan decidido apostar por formaciones cuyo discurso se ha centrado en la escasez de servicios y el abandono del mundo rural. Ahora bien, lo lógico sería que en el Congreso y el Senado se tratasen cuestiones de ámbito nacional y que nos afecten a todos los españoles; con todo el respeto para los votantes de Teruel Existe y las necesarias infraestructuras y servicios necesarios en el mundo rural, el futuro de nuestro país no puede estar en mano de quien otorga su apoyo a cambio de más dinero para su provincia del mismo modo que nunca debería haberlo estado de quienes pretenden romper la unidad territorial de España. Si la Constitución establece que las Diputaciones Provinciales y Comunidades Autónomas tienen una serie de competencias concretas, ¿qué pinta un partido como Teruel Existe en el Congreso?

El caso del tren extremeño es muy ilustrativo: los socialistas no se han preocupado en cuarenta años de invertir en tan necesario servicio, a pesar de tener el poder autonómico y la competencia para llevarlo a cabo. La política autonómica no ha sido más que el coto de poder de la casta política del Régimen de 1978, yendo en función de la ambición del político de turno si constituía un trampolín a la Carrera de San Jerónimo o se quedaba en un cacique territorial. Las diputaciones y autonomías que iban a acercar la Administración Pública al contribuyente se quedaron, finalmente, en agencias de colocación para los selectos miembros de la casta y el constante nepotismo que ya ni ocultan.
Los españoles padecemos un Estado con sobrerrepresentación ineficiente: sobrerrepresentación porque tenemos representantes políticos a muy diversos niveles (municipal, provincial, autonómico, estatal… ¡y no olvidemos a los electos para el Parlamento Europeo!) e ineficiente porque, a pesar de las atribuciones constitucionales, los organismos institucionales no cumplen con su función y surgen iniciativas encaminadas a llevar las legítimas demandas adonde no corresponde. Es evidente que, de funcionar correctamente diputaciones y autonomías, no habría surgido Teruel Existe; o tal vez sí, dado que si los secesionistas llevan décadas financiando su proyecto gracias al Estado de las Autonomías, ¿quién asegura que no habría espabilados queriendo vivir de la poltrona en una época donde el egoísmo es un valor absoluto y se cuestiona incluso la existencia de España como proyecto nacional? Hace falta más política de servicio al bien común y realista, que denuncie que los problemas estructurales de nuestra nación requieren de décadas para afrontarlos y no de consignas tuiteras.

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