La verdad de Puigdemont

Autor: Gabriel García

Cuando uno lleva un tiempo siguiendo la actualidad política se oyen y ven muchas cosas. Por increíble que parezca, nunca podemos dar por sentado que será imposible volver a sorprendernos con lo que sea. El listón estaba muy alto gracias a los representantes políticos que niegan crisis de seguridad ciudadana, económicas, corruptelas y despilfarros de todo tipo; llega un momento en que todos, espectadores y protagonistas, sabemos que las declaraciones son una burda mentira y, aun así, la vida sigue como si no pasara nada. Así lo vivimos este verano con la oleada criminal de Barcelona, donde nos insistían en que no ocurría nada especialmente grave que generase tal expectación y que la culpa era de la presunta extrema derecha que, en la sombra, boicoteaba los gobiernos progresistas; o cuando el ínclito Zapatero negó la crisis de 2008 aludiendo a que se trataba de un problema del exterior, como si España fuera inmune a la realidad económica del mundo globalizado; o cuando en medio de la vorágine de recortes sociales hubo quien los justificó aludiendo a que el trabajador medio había disfrutado de un nivel de vida por encima de sus posibilidades, como si no fuera éste quien sufriera la peor parte en contraste con los verdaderos privilegiados del Sistema. Podríamos enumerar miles de ejemplos, sin duda.

Con semejante panorama, las declaraciones de cualquier representante político serían una anécdota más en el listado de burdas mentiras del Régimen de 1978. Pero he aquí que ha salido uno diciendo una verdad como un templo y, curiosamente, no hubiéramos esperado quién: Carles Puigdemont. Según el fugado expresidente autonómico, las autoridades españolas “no deberían aplicar el 155 por indicios de violencia. En el País Vasco murieron casi 1.000 personas y nunca se aplicó el 155”. Es muy significativo lo que manifiesta Carles Puigdemont, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos años. Por un lado, reconoce que el terrorismo etarra ha provocado un número considerable de muertes; hasta ahora el secesionismo en Cataluña los había justificado u omitido en sus discursos, por no hablar de cuando ha buscado blanquearlos como gente pacífica y respetable, como ha sido el caso del entorno de Esquerra Republicana con Arnaldo Otegi o cuando el entorno abertzale movilizó autobuses para apoyar a los secesionistas el 1 de octubre de 2017. Y no sólo se queda en reconocer que el terrorismo etarra ha asesinado a un millar de personas, sino que señala que el Estado y los diversos gobiernos socialistas y populares jamás emplearon un recurso como el artículo 155 de la Constitución en los momentos más sangrientos sufridos por los españoles durante la amenaza de ETA. Sin quererlo, Carles Puigdemont ha dejado en evidencia a los dirigentes políticos del Partido Popular y el Partido Socialista que durante décadas han sido conniventes con el secesionismo y que nunca intervinieron las instituciones gobernadas por éstos ni siquiera cuando la sangre de los asesinados obligaba a ello; sin quererlo, Carles Puigdemont ha prestado un buen servicio a los españoles denunciando la doble vara de medir de quienes han ocupado las instituciones estatales durante las últimas cuatro décadas.

Que el secesionismo odia a España no es ninguna novedad. Que estén dispuestos a derramar sangre o a mentir descaradamente para lograr sus objetivos, tampoco. Por eso ningún Estado que aspire a mantener la pervivencia de una Nación puede tolerar actividades encaminadas a dividir a la comunidad humana sobre la que gobierna, se llame esta comunidad España, China o Mozambique. Carles Puigdemont debería estar en prisión, en un país como la España de 1978 sólo por haber infringido la legislación y en una España con voluntad de proyectarse en el futuro porque el secesionismo es un crimen imperdonable; lo mismo habría que decir con todos y cada uno de los políticos secesionistas que han envenenado las mentes y las almas de sus semejantes. La España de 1978 es la que administran los Pedro Sánchez de turno (mañana, quién sabe); la España con voluntad de proyectarse en el futuro será la Nación que podríamos recuperar los españoles el día que seamos capaces de liberarnos de una clase política al servicio de muchos intereses, excepto el del pueblo, para lo cual se necesitaría revertir el proceso de las últimas décadas y, además de negar la legalidad a los secesionistas, recuperar la competencia educativa para el Estado y que desde ese mismo Estado estén dispuestos a inculcar qué significa ser español.

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