GABRIEL GARCÍA
El término paguita es muy habitual en la derecha sociológica a la hora de tratar diversos temas, especialmente desempleo e inmigración. Infectada como está de liberalismo económico, toda prestación recibida del Estado es vista por la derecha como una subvención para los sectores más ociosos y caraduras de la población. No negaremos que existan personas a las que les guste vivir del cuento, pero es evidente que un Estado debe legislar atendiendo a necesidades genéricas y no a casos particulares. Esta realidad no pueden evitarla ni siquiera los más apologistas del buenismo de la izquierda progre, quienes en el Gobierno ven como a su discurso de oposición no le queda más remedio que cabalgar las contradicciones de restringir el acceso a los subsidios y no dispensar la barra libre que prometían.
El Ingreso Mínimo Vital ha sido una de las medidas estrella del Gobierno de coalición progre. A la situación previa de pobreza estructural se sumó la catástrofe económica provocada por el coronavirus y tuvieron que sacarlo adelante de prisa y corriendo, concediéndole prioridad incluso por encima de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de los cuales muchos afectados siguen a día de hoy sin haber visto un céntimo. La derecha sociológica rápidamente lo identificó como otra paguita más y las redes sociales se llenaron con esa palabra; no obstante, los progres no son los únicos en cabalgar contradicciones y los partidos de la oposición, conocedores del agravamiento de la pobreza que se avecinaba con motivo del coronavirus, no quisieron quedar como unos ricachones insolidarios y por eso ni siquiera Vox se atrevió a votar en contra de la paguita contra la que tanto clamaban muchos de sus seguidores; el Partido Popular incluso se presentó como el primer impulsor de dicha medida. Al igual que sucede con los miembros del Gobierno actual, en la oposición tampoco están dispuestos a tomar decisiones que electoralmente puedan pasarles factura; especialmente Vox, quien querrá aprovechar su fama de partido duro con la inmigración para explotar el deseo de muchos posibles demandantes del Ingreso Mínimo Vital para que esa ayuda vaya dirigida única y exclusivamente a los españoles.
No obstante, una cosa sí debe señalarse de lo mucho que se ha dicho dentro y fuera del Congreso: es una medida con intenciones clientelares; y prueba de ello es que uno de los grupos políticos con representación gubernamental, Izquierda Unida, lo haya aceptado a pesar de proponer antaño un Trabajo Garantizado como alternativa a las rentas mínimas, que sí eran propuestas por sus hoy socios de Podemos. No es difícil comprender este cambio de opinión: resulta muy fácil estar en la oposición y decir qué hay que hacer, pero la situación cambia mucho estando en el poder y, a falta de tiempo para elaborar un proyecto amplio de Trabajo Garantizado, siempre resulta más fácil sacar adelante una prestación basada en unos requisitos concretos y, por ello, excluyentes; una prestación que, todo sea dicho, no sería homogénea para todos sus beneficiarios, sino que dependería de las circunstancias económicas y familiares de cada demandante.
Uno de los aspectos más polémicos ha sido cómo iba a beneficiarse la inmigración del Ingreso Mínimo Vital. En teoría se exige un año de residencia legal en España, existiendo excepciones para menores de edad, víctimas de trata de seres humanos y mujeres maltratadas. Nada que, por desgracia, no existiera antes de la promulgación del Ingreso Mínimo Vital. Con este tema vuelve a quedar en evidencia lo que la izquierda progre promete en la oposición y lo que luego puede desempeñar en la práctica, no hay más que ver las colas de inmigrantes en municipios de Huelva reclamando un ingreso que legalmente no les corresponde. Todos sabemos que, de haber estado en la oposición, los hoy miembros del Gobierno de coalición progre hubieran clamado ante lo que habrían calificado como una enorme injusticia y, acto seguido, habrían exigido que las instituciones tienen el deber de regularizar su situación y ayudarles en todo lo que sea necesario.
Es muy probable que esos demandantes de hoy lo terminen cobrando en el futuro, dado que en España opera un entramado donde confluyen los intereses de las mafias de tráfico de seres humanos cuyo negocio es traer a nuestro territorio a quien puede pagarles, los intereses de las Organizaciones No Gubernamentales pero subvencionadas por el Estado para asesorar a los inmigrantes en su regularización administrativa y prestaciones sociales, los intereses de los abogados especializados en materia de inmigración y los intereses de unos partidos políticos que necesitan nuevas remesas de futuros votantes ante el descrédito en que llevan incurriendo mucho tiempo ante la población nativa. Pero a día de hoy, no hay duda que esos inmigrantes que están demandando el Ingreso Mínimo Vital creyeron tanto los bulos de los progres buenistas que prometen todo tipo de atenciones y ayudas para todo el que pise suelo español, a pesar de no ser capaces de ayudar a quienes previamente se encontraban aquí, como los bulos de la derecha sociológica sobre que a todo inmigrante se le premia automáticamente con casa y sueldo por el simple hecho de ser extranjero; bulos, en ambos casos, que se retroalimentan y forman parte del mismo negociado institucional. Mientras no se denuncie que España continuará padeciendo el problema de la inmigración ilegal en tanto no se elimine el entramado que lo permite y se beneficia de los problemas ajenos, las polémicas con el Ingreso Mínimo Vital no serán más que una distracción para incautos.
