GABRIEL GARCÍA
Hace poco ha sido erigido en icono de la izquierda progre un conocido presentador de la telebasura por reivindicar que el suyo es un programa de “rojos” y “maricones”, omitiendo que entre ambos colectivos ha existido históricamente un antagonismo mayor del que hacen creer al conjunto de la sociedad. Esta mañana conocíamos por medio del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la existencia de una conspiración de “extrema derecha” en pos de la subversión de la democracia, con implicación rusa incluida, que tendría como objetivo atacar instalaciones de telefonía móvil y contribuir al contagio del coronavirus para sembrar el caos y tomar el poder. Y tampoco tiene desperdicio la última intervención parlamentaria del vicepresidente Pablo Iglesias, a quien los trajes que ahora viste no parecen haber cambiado sus modales, llamando “parásitos” a los representantes de Vox y acusándoles de querer beneficiarse de las muertes provocadas por la pandemia.
Si no fuera porque ha sido la izquierda progre quien lleva décadas imponiendo un brutal adoctrinamiento con lavado de cerebros incluido en los medios de masas, porque tiene experiencia contratando a pistoleros “ultras” para sus cloacas estatales o porque al líder de Podemos se le ha vinculado varias veces con la “espontánea” convocatoria contra el Gobierno de Aznar que terminó con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, cualquiera pensaría que estos tipos están completamente desquiciados y que la gestión del coronavirus les queda demasiado grande. Por desgracia no es así; simplemente, están mostrándose tal y como son: zafios, sibilinos e hipócritas. Lo cual no es contrario a que, efectivamente, están desquiciados y esta situación les viene demasiado grande.
Quienes criticamos la democracia de partidos y la corrupción arraigada en el Estado de las Autonomías vemos en los actuales gobernantes la enésima confirmación de nuestras denuncias. El pluripartidismo parlamentario no ha venido más que agravar un problema que no ha surgido en el último lustro, sino que ya se arrastraba desde la época del bipartidismo. Ahora el futuro es más incierto que nunca. De momento no se habla de una nueva convocatoria electoral, pero no sería descartable de aquí a medio año teniendo en cuenta que los apoyos secesionistas al Gobierno socialpodemita andan molestos por no haberles dejado convertir aún más algunas autonomías en sus particulares cotos de poder.
Ante semejante panorama, no sería descartable que Pedro Sánchez continuara en La Moncloa. Ya ha demostrado que está dispuesto a ceder lo que sea necesario para continuar disfrutando del Falcón. Es un hombre cuyo ego es mayor que los problemas que España deberá afrontar cuando se instaure la denominada nueva normalidad. Con razón se llama a echar del Gobierno a los actuales responsables del mismo. El problema es que, tal y como está organizado tanto el proceso electoral como el control del Estado por determinados partidos políticos, es muy probable que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no resultaran condenados electoralmente. De ahí la obligación moral de exigir no la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, sino la necesidad de que unos gobernantes deslegitimados por su pésima gestión no figuren como candidatos. Si España no tiene más remedio que continuar con el Partido Socialista y con Podemos en las instituciones, da igual que sea en el Gobierno o en la oposición, lo mínimo que se debe ofrecer a los españoles es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, además de sus respectivos equipos de colaboradores, no sean candidatos en el futuro. Como se ha dicho alguna vez, los españoles merecen un Gobierno que no les mienta.