ALFONSO | No necesitábamos otra sentencia para darnos cuenta de que no puede existir justicia en el contexto de un Estado burgués como el que padecemos, pero el Tribunal Constitucional ha tenido a bien remarcarlo con un enésimo ataque a los derechos de los trabajadores de España.
Según la última sentencia tramitada por el organismo, despedir a un empleado por faltar al trabajo de manera reiterada es legal incluso si el absentismo está debidamente justificado. Esta realidad se daba en nuestro país según estipulaba el artículo 52 del vigente Estatuto de los Trabajadores, endurecido posteriormente por la nefasta reforma laboral del PP en 2012; un juzgado de Barcelona interpuso un recurso de inconstitucionalidad a raíz del despido de una empleada, pero el TC ha resuelto desestimarlo y avalar lo que dispone el texto constitucional —que es, tal y como se ha mencionado, el origen del problema (el tribunal no ha hecho sino ratificar que la ley cabe en la Constitución del 78, ergo también aquí es en realidad ésta quien se posiciona realmente contra el trabajador de España)—.
La empleada argumentaba que el Estatuto, que establece un 20% de ausencias por asumir un despido objetivo, supone una coacción hacia el trabajador enfermo, pues se ve conminado a disimular o poner fin precipitado a su situación de incapacitad por miedo a ser despedido; por su parte, el TC interpreta que se debe «evitar el incremento indebido de los costes que para las empresas suponen las ausencias al trabajo», basándose «en la libertad de empresa y la defensa de la productividad».
Queda a la luz de manera sonrojante que la mal llamada Justicia es de todo menos justa en el parlamentarismo liberal-burgués impuesto. Estamos ante un sistema que prioriza los intereses y beneficios de las compañías en detrimento de la dignidad y la libertad del hombre; que supedita la salud e integridad de quienes generan riqueza, los trabajadores, a las directrices y hojas de ruta de la Patronal; pero que, además, no sólo lo hace con la bula de papeles mojados, sino también de prácticas negligentes no registradas o de vacíos que directamente apuntan al asalariado: desde estas líneas, incidimos asimismo en la necesidad manifiesta de que se regularice la inspección sanitaria; de que se multipliquen los controles exhaustivos, con el fin de evitar que determinados individuos puedan hacer uso de ellos para lucrarse, de igual modo, a costa del resto. Los primeros perjudicados de esto son los propios trabajadores del funcionariado y la empresa privada que cumplen debidamente con su labor, pues, ante la presencia de parásitos que alegan enfermedades o trastornos inexistentes, se ven obligados a redoblar esfuerzos al mismo precio y contraviniendo todo convenio o regla existente.
Lo dijo el millonario estadounidense Warren Buffett: la lucha de clases existe; la promueven los ricos… y van ganando, añadimos aquí, con la acción de unos y la conchabanza de otros. Es imperativo ético de cualquier revolucionario que se precie luchar por poner fin a la tiranía del capital, a este modelo economicista, antihumano e inmoral que imparte la injusticia con todos los medios de que dispone.
