GABRIEL GARCÍA

La Transición del siglo XX abarcó desde 1975 hasta 1981/82. Seis o siete años, pues, en los que fue desmantelado el conocido como Régimen del 18 de Julio para dar paso al nuevo modelo político amparado en la Constitución de 1978; no obstante, los precedentes de este proceso bien podrían rastrearse hasta mediados de los años 60.

Desde hace años se habla en España de una Segunda Transición. ¿Cuándo fijar su principio? Podríamos señalarlo en los años 2011 o 2014, pero tal vez hubiera que datarlo en 2004. El Partido Popular iba a ganar las elecciones generales por mayoría absoluta hasta que los atentados del 11-M, con movilizaciones en la jornada de reflexión contra el Gobierno provisional, dieron un vuelco a las urnas; ahí comenzó una nueva etapa marcada por unas agresivas políticas de ideología de género, memoria histórica y cesiones al secesionismo, incluyendo negociaciones con la banda terrorista ETA. José Luis Rodríguez Zapatero no hizo nada que no hubieran desempeñado sus predecesores, pero es indudable que hay un antes y un después en la Historia contemporánea de España en lo referente a sus gobiernos.

En 2011 irrumpió el movimiento 15-M por causa del descrédito en que había incurrido el bipartidismo imperfecto edificado por el Régimen de 1978, sobre todo por la crisis económica que hizo mella en una juventud educada con falsas promesas. No pasó de la algarada con repercusión mediática, pero quedó un poso de oposición activa hacia los nuevos gobiernos populares y todo lo que surgiera de los mismos. Sin el 15-M no se entienden las mareas de colores que monopolizaron el rechazo a los recortes sociales promovidos por el Partido Popular a instancias de la Unión Europea.
El año 2011 también estuvo marcado por el anuncio de ETA del abandono de la lucha armada, coincidente con la legalización de una nueva marca electoral que representaba a los terroristas en el Congreso.
El nuevo Gobierno del Partido Popular renunció pronto a sus promesas de sacar a la luz la verdad sobre los atentados del 11-M y las negociaciones con el terrorismo etarra del anterior Ejecutivo.

En 2014 abdicó Juan Carlos I a instancias del Club Bilderberg. Ese año había irrumpido Podemos (previo patrocinio mediático de Intereconomía y 13TV) recogiendo las consignas del 15-M y Vox nacía sin pena ni gloria como el Partido Popular auténtico que se negaba a asumir la herencia ideológica del zapaterismo como sí había hecho Rajoy.
El secesionismo, agitado desde años atrás como salida hacia delante del clan Pujol por sus problemas con Hacienda, convocaba un pseudoreferéndum donde pudimos contemplar cómo uno de sus promotores, Oriol Junqueras, se encargaba de contar los votos.

En 2015 se infló mediáticamente a Ciudadanos, a costa entre otros daños colaterales de hundir a Unión, Progreso y Democracia, a la espera de unas elecciones generales que iban a cambiar el mapa político. Ese año hubo quien llegó a comparar, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, las elecciones municipales de 2015 con las municipales de 1931 por las alcaldías de Carmena y Colau. Llegaron Pablo Iglesias y Gabriel Rufián al Congreso y se habló en cantidad como nunca antes se había hablado de Franco y el régimen político predecesor del actual; el primero, incluso, se enfrentaba directamente con los socialistas reprochándoles el caso de los GAL.

En 2016 tuvimos la primera repetición electoral. Rajoy salió reelegido con el apoyo de Ciudadanos y la abstención socialista, esto último tras ser cesado Pedro Sánchez con artimañas internas de los barones del partido. Se produjo un nuevo Rodea el Congreso, agitado por Podemos, donde se llegó a escupir y amenazar a determinados congresistas.

En 2017 tuvo lugar la gran crisis promovida por el secesionismo. Durante semanas el gobierno autonómico desoyó las cada vez más débiles amenazas del estatal y asistimos a un esperpento de desobediencia legal televisado al nivel de Gran Hermano. Hubo urnas, se votó contra la unidad de España y el Gobierno de Rajoy aplicó chapuceramente el artículo 155 de la Constitución, sin retirar la televisión autonómica a los secesionistas y permitiendo que sus principales representantes viajaran a otros países en lo que ellos llamaban “exilio”; otros se quedaron en España para jugar el papel de “presos políticos”.

En 2018 un retornado Sánchez se salió con la suya de ser investido Presidente del Gobierno, por medio de una moción de censura tras la sentencia del Caso Bárcenas. El PNV que días antes aceptaba un pacto con el PP cambiaba de aliado. Vox empezó a subir en las encuestas, sobre todo gracias a la izquierda que lo veía como un elemento que restara votos a PP y Ciudadanos; al final tanto preocupó esta irrupción que Pablo Iglesias, en mitad de su baja por paternidad, tuvo que salir a proclamar la alerta “antifascista” contra la amenaza de la “extrema derecha” tras las elecciones autonómicas andaluzas que pusieron fin al caciquismo socialista en esa región.

Ya en 2019 volvimos a tener elecciones generales que dieron como resultado el Congreso más fragmentado del Régimen de 1978, incluyendo una nueva repetición electoral porque Pedro Sánchez aseguraba no poder dormir tranquilo con Pablo Iglesias en el Gobierno. Y asistimos a sucesos tan escandalosos como el blanqueamiento de los terroristas etarras por parte del PSOE, y a Iglesias actuando como si los ERE de Andalucía no resultaran más que una anécdota del pasado; sin olvidar cómo el Estado de Derecho ha sido pisoteado, escupido y secuestrado prácticamente a punta de pistola por los herederos de quienes aseguraron que a España no la reconocería ni la madre que la parió. Y el tema estrella del Gobierno provisional, la exhumación de Franco, pareció dar más votos a Vox que a un PSOE que obtuvo menos apoyos que en abril.

¿Cerraremos en 2020 con la Segunda Transición? No está claro. Por ahora todo apunta a un Gobierno que contribuirá en mayor medida a la agenda inaugurada en 2004 por el zapaterismo; con el agravante, esta vez, de contar al frente con un auténtico psicópata que no se molesta en ocultar el odio que transpira por quienes no aceptan su supremacismo moral. En cualquier caso, no hay motivos para ser optimistas sobre el futuro de España. Ningún motivo.