Autor: Gabriel García
El mes pasado se reconoció a Falange Española de las JONS, por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que el Ayuntamiento de Madrid había denegado arbitrariamente una solicitud de nuestra organización para ocupar la vía pública. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de octubre, cuando la Delegación de Gobierno autorizó una concentración en defensa de la unidad de España, al denegarse por parte del Concejal Presidente del Distrito de Salamanca (Pablo César Carmona, electo por Ahora Madrid) sin ninguna explicación oficial. Por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial parecen seguir el mismo camino, habiendo denegado los permisos para ocupar la vía pública en dos días diferentes alegando diversas actividades culturales que lo imposibilitaban (pese a que nunca tuvieron lugar); en este caso, la alcaldesa Blanca Juárez resultó electa mediante una candidatura denominada Vecinos de San Lorenzo de El Escorial. A esto habría que añadir el veto de la Dirección General de Seguridad de la Generalitat de Cataluña a una concentración convocada para el 1 de octubre en Barcelona (no hay que aclarar quién tomó esa decisión), y otro del Ayuntamiento de Zaragoza para utilizar un local público donde denunciar por medio de una conferencia cómo la ley de memoria histórica autonómica impedía la normal y legítima actividad de nuestra organización (en ambos casos, con el entorno de Podemos por medio).
Es evidente que quienes detentan el poder institucional no van a facilitar a las organizaciones extraparlamentarias el ejercicio de sus derechos, como ya quedó contemplado hace años con una reforma electoral por la que ya no protestan los presuntos regeneradores que han accedido al Congreso en los últimos años. No sólo por las razones estructurales que buscan la pervivencia del Régimen de 1978 y su modelo liberalcapitalista, también por que el pastel del poder está tan repartido entre los diferentes niveles (Gobierno de la Nación, autonomías, diputaciones y ayuntamientos) que contemplan como competencia en ese reparto a cualquiera que busque acceder a las instituciones y plantear discursos alternativos al Sistema. Si a eso le añadimos la leyenda negra de las tergiversaciones difundidas por nuestros enemigos, se entiende la saña con que desde las instituciones boicotean toda iniciativa promovida por los falangistas.
Los boicots institucionales sufridos durante el último curso son algo habitual en la trayectoria de nuestra organización. No han sido los primeros ni serán los últimos. No queda más remedio que hacer valer nuestros derechos y exigir que no se crean con luz verde para pisotearnos cuándo y cómo se les antoje. Nadie, por muy partido de gobierno que sea o presunto regenerador que se considere, debería estar por encima de las leyes que presuntamente nos obligan a todos. Si desean tratarnos como a ciudadanos de ultimísima fila, que al menos tengan la decencia de reconocerlo y aprueben una de esas leyes con las que llevan amagando desde hace tiempo para desproveernos de nuestros derechos fundamentales a la libertad de expresión y de opinión.
